El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador concluyó este miércoles 11 de noviembre la audiencia preliminar contra el exdiputado de ARENA, Alberto Romero, quien enfrenta un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Al finalizar la diligencia, el exlegislador se declaró inocente de los cargos que se le imputan.
Al término de la audiencia, el abogado defensor, Fernando Meneses, informó que durante esta jornada se incorporaron dos pruebas: una pericial financiera contable y otra relacionada con la gestión administrativa. Según explicó, los resultados de la evaluación financiera establecen que Romero recibió más de $1.527 millones durante el período comprendido entre 2009 y 2022, mientras que sus gastos ascendieron aproximadamente a $1.225 millones.
Meneses aseguró que el análisis permitió establecer un superávit de $291,000, con lo que, a criterio de la defensa, se demostraría que el exdiputado no gastó más de lo que percibió durante esos años. El abogado destacó que la prueba pericial financiera fue solicitada por la propia representación fiscal y que los especialistas encargados fueron nombrados por la Fiscalía y juramentados por el tribunal.
El defensor también explicó que solicitó un sobreseimiento de carácter provisional, debido a que considera necesario realizar otras pericias administrativas para documentar el manejo de los fondos desde la Asamblea Legislativa. La defensa sostiene que estos análisis adicionales permitirían completar los elementos relacionados con los ingresos que recibió Romero durante su trayectoria como funcionario.
El caso penal contra Romero se remonta a 2023, cuando la Fiscalía solicitó su desafuero y posteriormente presentó el requerimiento judicial. La investigación abarca el período comprendido entre 2009 y 2022, durante el cual el exlegislador ejerció como diputado por el departamento de Cuscatlán. La acusación fiscal sostiene que existió un incremento patrimonial injustificado y que parte de esos recursos habría sido movilizada mediante depósitos bancarios, pagos de préstamos, retiros y adquisición de bienes a nombre de familiares.
Como antecedente, en agosto de 2023, Romero fue declarado responsable civilmente por enriquecimiento ilícito en otro proceso judicial, en el que se le ordenó devolver $445,766.05 al Estado y se le impuso una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. Esta resolución corresponde al proceso civil y debe diferenciarse del expediente penal que ahora enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Con la conclusión de la audiencia preliminar de este miércoles, queda pendiente conocer la resolución del juzgado sobre la solicitud de la defensa y el futuro del proceso. La responsabilidad penal de Romero deberá determinarse en la instancia judicial correspondiente.
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