La Comisión Política de la Asamblea Legislativa estudió este martes la iniciativa que busca eliminar la deuda política que reciben los partidos en El Salvador.
Entre los argumentos presentados en la discusión destacó que, «por justicia social», las agrupaciones políticas deben financiar sus campañas sin depender de fondos estatales.
Durante la sesión, el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, dirigió la votación en la que se aprobó un dictamen favorable para la reforma constitucional. Con esta decisión, el tema será sometido a consideración del Pleno legislativo este miércoles, donde se espera su ratificación.
El proceso implica, inicialmente, reformar la Constitución de la República que en el artículo 210 donde establece que “el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia”.
Como ley secundaria, implicaría reformar la Ley de Partidos Políticos que en el Capítulo II, artículo 52, donde expresa el derecho que tienen los partidos políticos o coaliciones que participen en las elecciones “a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, para Diputados al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa, y para Concejos Municipales».
El financiamiento público al que tienen derecho los institutos políticos, según la Ley de Partidos Políticos y la Constitución de la República, se calcula con base en la cantidad de votos que reciben los partidos para cada elección y la inflación respectiva. El precio lo establece el Ministerio de Hacienda.
De ser aprobada la reforma, los partidos políticos ya no recibirán financiamiento del Estado para sus campañas electorales, lo que marcaría un cambio en el modelo de financiamiento de la actividad política en el país.
