El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en su Informe sobre el Clima de Inversión de El Salvador 2025 que empresarios consultados reportan una reducción significativa de los sobornos exigidos por funcionarios públicos para prestar servicios gubernamentales, una práctica que anteriormente era habitual en el país.
En el apartado dedicado a la corrupción, el documento señala que, durante la administración del Presidente Nayib Bukele, las encuestas reflejan un incremento considerable de la confianza pública en las instituciones gubernamentales y una percepción de menor corrupción. Además, recoge las opiniones del sector empresarial sobre los cambios en los trámites administrativos.
«Las empresas también han comentado que la práctica, antes habitual, de que funcionarios gubernamentales de todos los niveles exigieran sobornos para prestar servicios públicos ha cesado casi por completo», establece el informe estadounidense.
El Departamento de Estado también destaca las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra denuncias creíbles de corrupción en los ámbitos nacional, legislativo y municipal, así como las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción policial y fiscal. Asimismo, menciona que cuatro expresidentes salvadoreños han sido acusados por delitos relacionados con corrupción y que al menos 15 antiguos funcionarios fueron condenados por la apropiación indebida de $6,000 millones en fondos públicos.
El documento también reconoce la aprobación de la Ley Anticorrupción en febrero de 2025, que estableció un sistema nacional para combatir estas prácticas, incorporando diferentes instituciones gubernamentales y contemplando la creación del Centro Nacional Anticorrupción. La normativa también establece obligaciones de declaración jurada de patrimonio, pasivos e ingresos para los funcionarios públicos.
No obstante, el Departamento de Estado incorpora otras valoraciones sobre el panorama institucional. Señala que organizaciones de la sociedad civil consideran que la corrupción continúa siendo un problema, particularmente en los niveles más altos del Gobierno, y cuestionan la transparencia de la administración pública y la frecuencia de las investigaciones contra funcionarios actuales.
El informe también recuerda que solicitar, ofrecer o aceptar sobornos constituye un delito en El Salvador y que estas prácticas representan un obstáculo para el clima de inversión. La valoración empresarial sobre la reducción de estas exigencias es presentada como uno de los cambios registrados en el entorno de negocios salvadoreño.
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