El Gobierno de España solicitó formalmente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los presos políticos de nacionalidad española que permanecen detenidos en ese país. La petición fue realizada a través de los canales diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que reiteró su preocupación por la situación de estos ciudadanos.
La gestión se produce en un contexto de alta tensión política en Venezuela, tras la reciente captura de Nicolás Maduro y el posterior relevo en el poder. Según las autoridades españolas, entre 14 y 20 ciudadanos españoles o con doble nacionalidad se encuentran privados de libertad en cárceles venezolanas, en su mayoría bajo acusaciones que Madrid considera arbitrarias o de carácter político.
El Ejecutivo español ha insistido en que seguirá utilizando todas las vías diplomáticas disponibles para lograr la excarcelación de sus ciudadanos, al tiempo que subraya la necesidad de que se respeten los derechos humanos y las garantías legales. España también ha recordado la importancia de proteger a su comunidad residente en Venezuela, una de las más numerosas de la región.
Entre los casos más conocidos figuran varios detenidos acusados de conspiración o espionaje, señalamientos que han sido cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos y por el propio Gobierno español. Madrid sostiene que estas detenciones forman parte de un patrón de persecución política.
Las autoridades españolas han reiterado su disposición a mantener el diálogo con el nuevo liderazgo venezolano, con el objetivo de contribuir a una solución pacífica de la crisis y garantizar la liberación de las personas detenidas por motivos políticos.
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