La presidenta de Honduras, Xiomara Castro anunció que llegó a un acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos, en relación al Tratado de Extradición para que este continúe con «las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva».
La Jefa de Estado aseguró en su cuenta de X que: «he asegurado el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas, institución responsable de defender la soberanía, mantener la paz, hacer valer el imperio de la Constitución y garantizar la seguridad de nuestro proceso electoral democrático».
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, habría declarado que el Tratado de Extradición con Estados Unidos había sido denunciado por la preocupación ante la posibilidad de que este mecanismo sea utilizado con fines políticos, especialmente en el marco del proceso electoral del país.
Asimismo, reafirmó la relevancia de la extradición como una herramienta fundamental en la cooperación internacional, destacando que el gobierno actual sigue comprometido con los acuerdos bilaterales y multilaterales en esta materia.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó este lunes 17 de febrero la solicitud de extradición a EEUU del hondureño Teodoro Rodas Dubón, de 31 años, quien es reclamado por tráfico de fentanilo, según informó una fuente judicial a Infobae.
La autorización para la extradición de Rodas Dubón se produjo apenas once días antes de que finalizara el tratado bilateral de extradición entre Honduras y EE.UU., a petición del gobierno hondureño, después de que la presidenta del país argumentara la existencia de «injerencias» por parte de la embajadora estadounidense, Laura Dogu.
La embajadora de EE.UU., Laura Dogu, criticó y expresó su preocupación el pasado 28 de agosto por una reunión entre autoridades de Defensa de Honduras y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en el marco de un evento deportivo militar.
Desde 2014, Honduras ha extraditado a más de medio centenar de ciudadanos reclamados por EE.UU., entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) condenado en 2024 a 45 años de cárcel y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla a 19, ambos por narcotráfico.
