Miles de ciudadanos ucranianos salieron a las calles en distintas ciudades del país para protestar contra una nueva ley aprobada por el parlamento y ratificada por el presidente Volodímir Zelensky, que reduce la independencia de las principales agencias anticorrupción.
La normativa, que transfiere el control de las oficinas NABU y SAPO al fiscal general, ha sido duramente criticada por organizaciones civiles y expertos, quienes consideran que debilita la lucha contra la corrupción y representa un retroceso democrático.
Zelensky defendió la medida alegando que busca “eliminar la influencia rusa” en dichas instituciones y “acelerar los procesos judiciales”, pero sectores de la sociedad civil advirtieron que podría abrir la puerta a interferencias políticas en investigaciones sensibles.
Tanto la Unión Europea como organizaciones internacionales han expresado preocupación por el impacto que esta ley podría tener en el proceso de adhesión de Ucrania al bloque comunitario.
