La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha promulgado este lunes 10 de junio una ley que impide acusar a los partidos políticos por delitos de corrupción, excluyéndolos de responsabilidad penal, lo que evita que sean disueltos o suspendido por hechos ilícitos.
La norma que ya fue publicada en el diario oficial «El Peruano» y que se basa en la supuesta «optimización» de la «democracia representativa», así como «medidas para la lucha contra la corrupción», beneficiará a los partidos políticos que actualmente afrontan una investigación en el Ministerio Público.
De esta forma, la Fiscalía solo podrá realizar los procesos correspondientes a los afiliados de las organizaciones políticas, aplicando así la responsabilidad de manera individual: «La responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito», se lee en el texto.
El mes pasado, el Congreso peruano aprobó por mayoría este proyecto de ley, apoyado por Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú y Fuerza Popular. Todas estas formaciones políticas tienen investigaciones abiertas. El congresista que promovió la medida sostuvo que la propuesta evitaría una supuesta criminalización.
En el caso de Fuerza Popular, tanto la líder, Keiko Fujimori, como la formación son objeto de una pesquisa por el presunto delito de lavado de activos durante las elecciones de 2021. Perú Libre también está siendo investigado por financiamiento ilícito durante la campaña de ese año. Podemos Perú enfrenta acusaciones por una posible inscripción irregular y Renovación Popular por el presunto delito de asociación ilícita y lavado de activos relacionado con el caso Lava Jato.
