La administración del presidente Donald Trump anunció la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que desde 1999 ha protegido de la deportación a aproximadamente 72,000 inmigrantes de Honduras y 4,000 de Nicaragua que residen en Estados Unidos.
La medida entrará en vigor el 6 de septiembre de 2025, fecha a partir de la cual estos ciudadanos centroamericanos perderán su permiso de trabajo y su protección frente a la deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la decisión argumentando que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado significativamente desde los desastres naturales que motivaron la concesión inicial del TPS, como el devastador huracán Mitch en 1998. Según las autoridades estadounidenses, ambos países experimentan actualmente una recuperación económica y mayor estabilidad.
No obstante, organizaciones migrantes y expertos señalan que miles de los beneficiarios del TPS llevan más de dos décadas construyendo sus vidas en Estados Unidos, donde han formado familias, desarrollado carreras profesionales y contribuido a la economía. Muchos de ellos temen ser enviados a países donde persisten altos índices de violencia, pobreza y falta de oportunidades.
“Esta medida pone en riesgo a personas que han sido parte fundamental de nuestras comunidades por más de 20 años”, advirtieron activistas. Algunos casos similares en el pasado han llegado hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que deja abierta la posibilidad de futuras batallas legales para frenar o revertir la medida.
Mientras tanto, los afectados por la terminación del TPS para hondureños y nicaragüenses aguardan con incertidumbre el desenlace de esta decisión, que podría cambiar radicalmente el rumbo de sus vidas.
