El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, presentó este martes una demanda para solicitar la nulidad de las elecciones presidenciales de 2026, al denunciar supuestas irregularidades en el sistema de escrutinio que, según sostiene, afectaron la transparencia del proceso en el que resultó electo Abelardo de la Espriella.
La acción judicial fue presentada contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. En el documento, Petro sostiene que existió una presunta «manipulación algorítmica» durante el procesamiento de los votos.
Según la demanda, la autoridad electoral habría reducido, sin una justificación técnica suficiente, los mecanismos de control para verificar la autenticidad, integridad y trazabilidad digital de los formularios E-14 utilizados en los comicios de 2026, en comparación con el modelo aplicado durante las elecciones de 2022.
El mandatario argumenta que esa situación dificulta comprobar la correspondencia entre las actas físicas, los archivos digitales y los resultados oficiales, lo que, a su juicio, compromete la transparencia del proceso electoral y limita la posibilidad de una verificación independiente.
Entre los señalamientos incluidos en la demanda figuran presuntas infracciones relacionadas con la transparencia, la seguridad documental y la publicidad del proceso electoral. Además, sostiene que la legislación colombiana contempla la nulidad de una elección cuando existen indicios de fraude, errores en el escrutinio o situaciones que afecten la legalidad de los resultados.
Como parte de sus solicitudes, Petro pidió que se declare la nulidad de la resolución que oficializó la elección presidencial y la expedición de las credenciales del presidente y vicepresidente electos. También solicitó que se ordene «un nuevo escrutinio, auditoría judicial o verificación técnica» de las mesas, municipios o departamentos donde se detecten las presuntas irregularidades.
Asimismo, requirió que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral entreguen los registros técnicos, archivos, protocolos, trazas digitales y demás documentación relacionada con el procesamiento y publicación de los formularios electorales, además de permitir una inspección judicial de los sistemas informáticos utilizados durante el escrutinio.
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