La Asamblea Legislativa aprobó, durante la sesión plenaria 125, la Ley Especial de Responsabilidad Profesional para las personas sujetas a inscripción en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción, una normativa que establece un marco específico para fortalecer la responsabilidad técnica y profesional en el desarrollo de proyectos de lotificación, urbanización y construcción.
Tras la aprobación, la directora ejecutiva de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), Paola Bardi de Acosta, destacó que la nueva legislación permitirá contar con reglas más claras y brindar mayor certeza jurídica a quienes participan en el desarrollo de proyectos. La funcionaria explicó que la normativa regula las responsabilidades de quienes intervienen en las distintas etapas de una obra, desde el planeamiento y diseño hasta la ejecución, supervisión, control y mantenimiento. Bardi de Acosta señaló que desde la DOT se continuará trabajando para facilitar la inversión y la construcción, al mismo tiempo que se fortalece el ordenamiento del territorio y se promueve un desarrollo responsable.
Uno de los principales componentes de la normativa es el fortalecimiento del Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción, administrado por la DOT. El registro contempla diferentes categorías, entre ellas las áreas ambientales, auditoría urbana, construcción, cultural y tramitadores, con requisitos específicos de formación y experiencia según el tipo de servicio. Además, se contempla una plataforma de consulta pública para conocer el estado de los profesionales inscritos y avanzar en una mayor transparencia y trazabilidad de los procesos.
La legislación también incorpora mecanismos de modernización y digitalización, entre ellos el uso de la Firma Electrónica Certificada y el Sello Electrónico Profesional para validar planos, memorias de cálculo, bitácoras y dictámenes técnicos. De esta manera, se busca identificar con mayor precisión a los responsables de cada documento y etapa de los proyectos. El marco aprobado establece además un régimen de infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden llegar hasta 20 salarios mínimos en los casos de mayor gravedad, incluyendo ejercer sin estar inscrito, presentar documentación falsa o actuar con negligencia profesional que provoque daños o lesiones.
La nueva normativa complementa las disposiciones establecidas con la creación de la DOT en 2024, que ya determinaban que las obras deben ser diseñadas, desarrolladas y ejecutadas por personas inscritas en el Registro y que la responsabilidad técnica se asume cuando los profesionales autorizan y firman planos, estudios, memorias de cálculo, bitácoras y documentos similares. Con este nuevo marco, El Salvador avanza hacia un sistema con mayor control sobre el ejercicio profesional en el sector, buscando elevar los estándares de calidad y seguridad, reducir riesgos en los proyectos y generar mejores condiciones para la inversión y el desarrollo ordenado del territorio.
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