La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción, que fue propuesta del presidente de la República, Nayib Bukele.
Esta normativa tiene como propósito prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública.
La ley se aplicará a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno y para esto se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para hacer labores de regularización y verificación del patrimonio.
Entre los puntos más relevantes de la ley:
Obligación de presentar, todos los años, una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta por parte de los servidores públicos y a sus familiares.
Dicha declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano que desee consultar este tipo de documentos, por ende, serán de carácter público.
Endurecer las penas para los delitos de corrupción y la creación de una nueva categoría de delito, sancionado con prisión, para castigar a los testaferros (a los prestanombres).
Además, para perseguir a los corruptos desde las auditorías se establecería un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República (CCR), con vínculo directo a la Fiscalía General de la República (FGR).
Creación de un Centro Nacional Anticorrupción, para realizar labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la FGR y este instituto contará con ventanillas de denuncia anticorrupción para fomentar la participación activa de la ciudadanía. Tendrá acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de inmediato.
