Honduras puso en marcha nuevas reformas a su legislación penal y procesal penal para endurecer el combate contra las maras, pandillas y organizaciones criminales, incorporando medidas que presentan similitudes con las implementadas por El Salvador durante la estrategia de seguridad del Presidente Nayib Bukele. La entrada en vigor de estas disposiciones se produce semanas después de que el presidente del Congreso Nacional hondureño, Tomás Zambrano, visitara el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para conocer el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño.
Las modificaciones están contenidas en el Decreto Legislativo 258-2026, denominado Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. El paquete fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras el 27 de octubre y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de octubre. Su entrada en vigor fue confirmada el 3 de noviembre, cuando las autoridades anunciaron su aplicación.
Entre las principales disposiciones se encuentra el endurecimiento de las penas contra integrantes de estructuras criminales, con condenas que pueden alcanzar los 40 años de prisión y cadena perpetua para determinados responsables, como cabecillas y promotores de estas organizaciones. Asimismo, la normativa contempla sanciones para quienes colaboren con estas estructuras, incluso cuando no formen parte directamente de ellas. También establece restricciones a beneficios penitenciarios como la libertad condicional y la preliberación para condenados por delitos vinculados con asociaciones terroristas.
Otro de los aspectos destacados es la utilización de tatuajes, símbolos y elementos alusivos a maras y pandillas como indicios para establecer vínculos con estas organizaciones, sujetos a los requisitos de valoración y comprobación correspondientes. Las reformas también amplían de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales contra personas detenidas por estos delitos y establecen la prisión preventiva en centros o módulos de máxima seguridad. Además, incorporan medidas de mayor control dentro de las cárceles, como uniformes obligatorios, restricciones disciplinarias y la creación de una Fuerza Élite Penitenciaria.
La relación con la experiencia salvadoreña se remonta al 16 de octubre, cuando Zambrano encabezó una delegación de diputados hondureños que visitó El Salvador y sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Durante ese encuentro, el legislador manifestó el interés de su país en conocer las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño y estudiar cuáles podrían adaptarse a la realidad hondureña. La comitiva también tenía entre sus actividades conocer las instalaciones, tecnología y mecanismos de seguridad del CECOT.
Tras la entrada en vigor de las reformas, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras anunció la aplicación inmediata del nuevo marco legal durante una reunión en Casa Presidencial, en la que participaron autoridades del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Zambrano calificó el momento como histórico y aseguró que las nuevas disposiciones proporcionan herramientas legales para enfrentar a las estructuras criminales y recuperar los espacios controlados por ellas.
Con estas modificaciones, Honduras busca fortalecer su estrategia contra las organizaciones criminales mediante el endurecimiento de las penas, nuevos procedimientos judiciales y un régimen penitenciario más estricto. La evolución de estas medidas refleja el interés de las autoridades hondureñas por estudiar y adaptar experiencias de seguridad aplicadas en El Salvador, cuyo modelo penitenciario y de combate a las pandillas ha despertado interés en otros países de la región.
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